Saturday, October 29, 2005

sentencias y repercusiones

Cinco fallos polémicos
• El 18 de agosto, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del D.S. 27427 referido a la restricción que había impuesto el Poder Ejecutivo para el cobro de rentas del sector jubilado en 8.000 bolivianos. La determinación judicial causó revuelo en todo el país, varios sectores afectados se pronunciaron en contra y, finalmente, el Gobierno, emitió otro decreto en el que nuevamente se fijó un tope de rentas.• El 7 de enero, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la frase "y, el segundo lunes de enero" del segundo párrafo del artículo 85 del Código Electoral, referido a la fecha de la primera sesión de los Concejos Municipales recientemente elegidos. • El 10 de noviembre de 2004, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del D.S. 27650 de 30 de julio de 2004, referido a la designación interina de ministros para la Corte Suprema, consejeros para el Consejo de la Judicatura y nueve Fiscales de Distrito; aunque difirió el efecto de su sentencia por 60 días. A partir de ese momento, se puso en entredicho las acciones de las autoridades nombradas hasta que, finalmente, fueron sustituidas a fines de ese año.• El 14 de septiembre de 2004, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2683 que ampliaba indefinidamente el plazo para la tramitación de los juicios penales iniciados bajo el régimen del Antiguo Código de Procedimiento Penal. El fallo abrió un abanico de posibilidades para que cientos de personas opten por pedir la extinción de sus juicios.• El 5 de diciembre de 2003, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad del D.S. 24806 de 4 de agosto de 1997 referido a los modelos de contratos de riesgo compartido entre el Estado y las empresas petroleras. Este año, 2005, la resolución destapó una serie de aseveraciones que, a su vez, propiciaron el inicio de un juicio de responsabilidades contra varios ex dignatarios y los representantes de las petroleras.





Las críticas de Eduardo Rodríguez Veltzé a los fallos del Tribunal
Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló el 12 de noviembre de 2004, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, que el Tribunal Constitucional, “desde hace tiempo y en varios episodios, se ha excedido en sus atribuciones como órgano contralor de la constitucionalidad, hasta llegar a extremos de crear normas y asumir el papel de legisladores”. Manifestó que con su actuación —respecto de la presunta inconstitucionalidad de los interinatos designados por Carlos Mesa para cubrir acefalías del Poder Judicial— ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica, porque no puede entenderse cómo es que pudo invalidar la capacidad de los magistrados, fiscales y consejeros, nombrados por el Presidente de la República, y al mismo tiempo habilitarlos en un “efecto diferido” por 60 días. Rodríguez, que también era presidente del Consejo de la Judicatura, acusó a los tribunos de ocasionar el “aborto” de los planes y programas institucionales que llevaban adelante los consejeros interinos, de las designaciones de los vocales de las cortes de Distrito y del trabajo equilibrado que se llevaba en las salas especiales de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Rodríguez dijo en aquella oportunidad que deploraba la decisión del Tribunal porque va en desmedro de los usuarios del sistema judicial. Aclaró que todas las sentencias, resoluciones y actos administrativos de la Corte Suprema son válidos y gozan de presunción de constitucionalidad. Demandaba al Congreso la pronta designación de las autoridades judiciales titulares y discutir las iniciativas legislativas presentadas por la Suprema.





INFORME ESPECIAL

La importancia histórica del Tribunal Constitucional
Entre 1825 y 1880, el país soportó la política de caudillaje, en la que primaba el interés sectario, causa determinante de que la República quedara sometida al servicio de las camarillas, afectando también al Poder Judicial. En ese ambiente, la juricidad no era precisamente lo destacable; resultaba difícil encontrar un ambiente propicio para la plena vigencia del derecho. Fue necesaria la presencia de ciudadanos de fuerte personalidad y genio visionario, para que se imponga el respeto a las normas reguladoras de la conducta humana.En ese período, se redactaron más de seis constituciones políticas, al mismo tiempo que se ensayaron gobiernos de todo tipo al amparo de los más increíbles desvaríos políticos. Posteriormente, a partir de la célebre Convención Nacional de 1880, la Corte Suprema inició un período de esplendor basado en la doctrina del respeto al ordenamiento jurídico. Uno de sus más esclarecidos presidentes, Pantaleón Dalence, en este marco histórico edificó la imagen institucional del Poder Judicial, reflejando en sus sentencias la doctrina constitucional de defensa intransigente del principio de la independencia. En Bolivia, la reforma constitucional del 11 de agosto de 1994, incorpora a la Carta Fundamental el modelo de control concentrado de constitucionalidad (artículo 116) en un Tribunal Constitucional, el cual tiene como atribuciones (artículo 119), el control constitucional normativo, la defensa de los derechos fundamentales, los conflictos de competencias inter orgánicos y resolución de demandas respecto de procedimientos de reforma constitucional. Dicho Tribunal Constitucional entra en funciones el 1 de junio de 1999.Este Tribunal Constitucional se encuentra orgánicamente inserto dentro del Poder Judicial, pero como un órgano independiente, "sometido sólo a la Constitución", como determina el artículo 116 de la Carta Fundamental. La Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional (L.T.C.B.) de 1 de abril de 1998, asegura su independencia jurisdiccional y orgánica respecto del resto de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial. Este Tribunal está integrado por cinco magistrados nombrados por el Congreso Nacional por dos tercios de los votos de los miembros presentes, ejerciendo el cargo por un periodo de diez años. La L.T.C.B., en su artículo 1 señala como fines del Tribunal Constitucional, "ejercer el control constitucional y garantizar la primacía de la Constitución, el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, así como la constitucionalidad de las convenciones y tratados". El artículo 2 precisa "Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los órganos del Estado, hasta tanto el Tribunal Constitucional, resuelve y declara su inconstitucionalidad". Esta disposición reconoce al Tribunal Constitucional como el único órgano que determina por sus sentencias la inconstitucionalidad de las normas y actos respectivos. Así, los jueces, sólo pueden "promover el control de constitucionalidad, pero no pueden ejercer directamente el mismo, como podía entenderse antes de la existencia del Tribunal, del contenido del artículo 228 de la Constitución". En efecto, la interpretación sistemática y unitaria del texto constitucional ha llevado a que los tribunales ordinarios cuando conocen de algún problema de constitucionalidad de normas legales aplicables al caso concreto, elevan incidentalmente el asunto al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional. En Bolivia, existe así un sistema de control constitucional concentrado en un único órgano especializado, integrado por letrados, con un ámbito amplio de competencias, que ejerce dicha jurisdicción con plena independencia de todo otro órgano, teniendo sus sentencia efectos de cosa juzgada, sin existencia de recurso ulterior.

la destruccion del poder judicial

Una magistrada participó en la desestructuración de la Corte Suprema de Justicia
Andrés Soliz Rada Participaron en el operativo del 29 de noviembre de 1993, el agente de la CIA. Antonio Ybarra (nacido en Nicaragua), el aparato logístico de la Embajada, el cónsul de EEUU en Cochabamba, Willy Scarborough, el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, el ministro de Gobierno, Germán Quiroga Gómez, y la fiscal de narcóticos, Martha Rojas, hoy magistrada del Tribunal Constitucional.Los complotados decidieron obtener imágenes filmadas en casa de Sánchez Berzaín, alquilada por Antonio Ybarra, a fin de involucrar en la recepción de un soborno al magistrado de la Corte Suprema. Hugo Galindo Decker, invitado al domicilio del nicaragüense, de cuyo delito se acusaría también, sin la mínima prueba, al presidente de esa Corte, el doctor Edgar Oblitas Fernández, el objetivo esencial de la tramoya.La remoción de Oblitas Fernández de la cúpula del Poder Judicial se había tornado indispensable para las transnacionales a fin de consolidar la liquidación de las empresas estratégicas del Estado (hidrocarburos, energía eléctrica, ferrocarriles, minería, etc.). El traspaso del patrimonio público a empresas foráneas se produjo mediante la denominada Ley de "Capitalización", totalmente reñida con la Constitución Política del Estado.GSL sabía que el Parlamento, dócil a sus designios (contaba con dos tercios del Congreso), no sería obstáculo para que la citada ley fuera aprobada. La infranqueable barrera se hallaba en la Corte Suprema de Justicia, entidad que debía dilucidar la legalidad o ilegalidad de la norma "capitalizadora". La situación era más grave aún al considerar que esa Corte estaba presidida por Oblitas Fernández, cuya valentía y honestidad se había demostrado cuando condenó a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, al ex general Luis García Meza, quien, entre 1980-1981, presidió un régimen infiltrado por el narcotráfico y en el que se cometieron flagrantes violaciones a los derechos humanos.Oblitas, además, resistió presiones de la Embajada norteamericana que exigía la extradición de ciudadanos bolivianos en contra de la ley. El magistrado había sido prefecto del departamento de La Paz, en el gobierno del general Alfredo Ovando, que entre 1969-1970, nacionalizó el petróleo de la estadounidense Bolivian Gulf Oil Company e instaló en el país los primeros hornos de fundición de estaño. Finalmente, Oblitas había escrito "La Historia Secreta de la Guerra del Pacífico", en la que demostró la injerencia británica en la conflagración de 1879, que enfrentó a Chile, por una parte, y Bolivia y Perú, por otra.La maquinaria "gonista" funcionó en el Congreso, al declarar "probada" la descabellada demanda. Sin embargo, la estantería del fraude se desplomó como castillo de naipes. Ybarra "huyó" del país, escoltado por Sánchez Berzaín y Quiroga Gómez, quienes lo ayudaron a abordar un avión a Miami. Galindo Decker fue absuelto en el juicio, junto a todos los sindicados por soborno. El jefe de bancada del MNR, en la Cámara de Diputados, Edil Sandoval, confesó públicamente que actuó en el proceso por "consigna política".El entonces máximo dirigente de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Max Fernández Rojas, aliado al MNR, admitió que su voto contra Oblitas fue negociado con GSL quien, poco antes de la sentencia, dijo lo siguiente: "Estamos ante la mejor oportunidad de renovar la Corte Suprema de Justicia" (Ultima Hora, 21-10-93). La caída del magistrado convirtió a la Corte Suprema en botín de guerra de los partidos neoliberales. El último escollo para liquidar las empresas estratégicas del Estado había sido vencido. Oblitas, quien falleció el 26 de febrero de 2004, fue rehabilitado por el Congreso siete años más tarde.

fallos y petroleras

Petroleras beneficiadas con un fallo del Tribunal Constitucional
Los últimos días del primer gobierno de GSL fueron trágicos para el país. El 4 de agosto de 1997 (faltaban dos días para la entrega del mando al presidente electo, Hugo Banzer Suárez), GSL dictó el DS 24806, que aprueba, en un solo artículo, el “modelo de contrato” (es decir el formulario) entre el Estado y las petroleras. En el artículo tercero del “modelo de contrato”, se determina que las transnacionales adquieren el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos en boca de pozo. Como la entidad petrolera estatal, YPFB, está prohibida de explorar, explotar y comercializar hidrocarburos, se colige que las compañías han adquirido el derecho de propiedad sobre todas las reservas de gas existentes en Bolivia y sobre las que se descubrirán a futuro. Ninguna de las leyes de hidrocarburos que se dictaron en Bolivia, a lo largo de ocho décadas, había incluido una disposición semejante. La cláusula décima del formulario indica que la información de las petroleras tiene carácter reservado. En la “gaceta oficial” no figura el “modelo de contrato”, razón por la que permaneció en secreto durante casi cuatro años. El decreto “gonista” contradice el artículo 139 de la Carta Magna, según el cual “los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos...”. Los defensores de GSL respondieron que el 24806 transfería la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y no de los yacimientos, es decir del gas y del petróleo que se encuentran bajo tierra. Tal subterfugio no puede, como es obvio, tergiversar el espíritu y la intencionalidad del artículo constitucional. Pero aún en el peor de los casos y suponiendo que los manipuladores jurídicos de GSL burlaron la Carta Magna, es indiscutible que no puede haber enajenación de propiedad pública mediante simple decreto, sino a través de Ley de la República. Así establece el artículo 59, inciso 7º de la Constitución Política del Estado, que, al detallar las atribuciones del Poder Legislativo, dice: “Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público”. El inciso 5º del mismo artículo indica que el Poder Legislativo debe “autorizar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales”. Lo inaudito del caso, aunque parecería imposible encontrar algo más inaudito que despojar a un país de toda su riqueza de gas y petróleo mediante un decreto clandestino, es que el Tribunal Constitucional se pronunció, mediante sentencia de 5 de diciembre de 2003, por la constitucionalidad del DS 24806, cuya ilegalidad había sido demandada por parlamentarios opositores. La sentencia constitucional, con relación al inciso 5º, dice que en la Ley de Capitalización, de 21 de marzo de 1994, el Poder Legislativo otorgó al Ejecutivo una “autorización implícita” para suscribir contratos entre el Estado y las transnacionales. El razonamiento es absurdo, ya que ningún poder del Estado, y menos el Legislativo, puede delegar sus funciones a otro poder. Así lo establecen los artículos 30, 69 y 115 de la Carta Magna. La “autorización implícita” implicaría aprobar contratos “a futuro”, es decir aún inexistentes. Con relación al inciso 7º, el Tribunal Constitucional admite “la posibilidad de que empresas privadas puedan ser propietarias de los hidrocarburos una vez extraídos del suelo...”. Para evitar esa “posibilidad”, las leyes de hidrocarburos de Banzer y Paz Zamora determinaban que YPFB es dueña de los hidrocarburos en boca de pozo, de modo que la petrolera estatal pagaba en gas y petróleo a las compañías por la exploración y explotación de los campos, de acuerdo a contratos. Como puede advertirse, una cosa es que las compañías sean dueñas de los hidrocarburos en boca de pozo y otra distinta que reciban hidrocarburos como pago por su trabajo. El doctor Rolando Roca Aguilera no suscribió la sentencia constitucional en desacuerdo con la misma. Votaron a favor de las petroleras los magistrados René Baldivieso Guzmán, Elizabeth Iñiguez de Salinas, Artemio Arias Romano y Martha Rojas Alvarez. Esta última intervino, como fiscal de narcóticos, íntimamente vinculada al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, en el complot que organizó la Embajada norteamericana y la CIA, la noche del 30 de septiembre de 1993, para destituir al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández. El DS 24806, fue abrogado por el ex presidente Carlos Mesa, en febrero de 2004. Sin embargo, como el Tribunal Constitucional desechó con anterioridad la demanda de inconstitucionalidad a la que hicimos referencia, tal abrogatoria no tuvo efecto retroactivo, así que las transnacionales continuarán siendo propietarias de los hidrocarburos en boca de pozo, en tanto se cumplan los 78 contratos de “riesgo compartido” con las compañías, cuya duración se prolongará en los próximos 36 años. La disposición “gonista” fue suscrita por los siguientes ministros: Antonio Araníbar Quiroga, Víctor Hugo Canelas Zannier, Alfonso Kreidler, José Guillermo Justiniano Sandóval, René Blatmann Bauer, Fernando Candia Castillo, Franklin Anaya Vásquez, Alberto Vargas Covarrubias, Mauricio Antezana Villegas y Jaime Villalobos Sanjinés. Dos de los personajes aquí citados: Fernando Candia Castillo y Jaime Villalobos Sanjinés se incorporaron poco después al directorio de Transredes (ENRON - Shell). ¿Hubo agradecimiento por sus servicios? Otro de los firmantes, Araníbar Quiroga, fue contratado como consultor jurídico de la petrolera “Chaco”.
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Elaborado por

2003 Inc.

influencias

INFORME ESPECIAL

Bajo la sombra de la influencia política
El ex Fiscal General de la República, César Suárez Saavedra designado interinamente por decreto durante el gobierno de Carlos Mesa indicó hace casi un año, el 15 de noviembre de 2004, que el fallo del Tribunal Constitucional sobre los interinatos fue político y que sólo busca impedir el proceso del juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y desestabilizar la actual gestión gubernamental. Según el ex Fiscal General el fallo de los tribunos en contra de los interinatos respondía a pagar la "factura" de sus designaciones, posición que fue compartida por algunos partidos políticos, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que reconoció en aquellas fechas, que el actual Tribunal Constitucional fue "cuoteado" durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que de esa "repartija" también se benefició la Nueva Fuerza Republicana (NFR) que en agosto de 2003 se sumó a la "megacoalición gonista". Amenaza con renunciar Asimismo, el ex Fiscal General de la República, amenazó el 15 de noviembre de 2004 con renunciar a su cargo ante las presiones políticas que existirían por parte del Tribunal Constitucional, instancia que estaría interesada en impedir que prospere el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. En su criterio expresado en aquella oportunidad, las funciones de los magistrados fueron más allá, cuando ahora, dijo, resulta que otorgan plazos a un Poder Legislativo que es independiente. "Sus intereses fueron más allá, en ningún país del mundo se emite un fallo de esta naturaleza". "Encontramos que el fallo del Tribunal tiene tres propósitos: una de desestabilizar la actual gestión gubernamental, bloquear el juicio de responsabilidades y finalmente en una forma de aberración jurídica se ha convertido en un legislador activo dando plazo al Congreso Nacional (...)", indicó la ex autoridad. "Pagan la factura" Según Suárez Saavedra, el fallo de los tribunos en contra de los interinatos respondía también a pagar la "factura" de sus designaciones, posición que es compartida por algunos parlamentarios que cuestionaron la resolución de los tribunos. "El fallo va a proteger el juzgamiento a Sánchez de Lozada. Existen incongruencias jurídicas que se emitieron acompañados de aberraciones", indicó."A pesar de las amenazas y amedrentamientos, se continuará con el trabajo en este proceso de buscar justicia para el país y evitar que los delitos queden en la impunidad, pese a quien le pese", precisó. "CUOTEO" Varios partidos políticos, miembros de la "megacoalición", durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, admitieron que el actual Tribunal Constitucional fue "cuoteado" en 2003. "Anteriormente se han hecho designaciones por "cuoteo", no nos vamos a negar ni justificar y ese tipo de designaciones tienen que terminar. Hemos cuoteado el Tribunal cuando éramos oficialistas y con los partidos de la ex coalición", afirmó el viernes 10 de noviembre de 2004 el diputado movimientista Édgar Zegarra. MNR, MIR y NFR procedieron a la elección de Antonio Rivera y Martha Rojas como miembros titulares del Tribunal Constitucional y de los suplentes Artemio Aria, Walter Raña y Silvia Salame. Según denunciaba el mes de diciembre de 2004 el consejero de la Judicatura, Germán Gutiérrez Gantier, el magistrado José Antonio Rivera está vinculado al MBL y al MNR y designado por Carlos Sánchez Berzaín; Martha Rojas, casada con el ex jefe de recursos humanos de la alcaldía de Cochabamba durante la hegemonía de NFR, fue designada por NFR; Elizabeth Íñiguez fue designada por el MNR y Willmar Durán está relacionado directamente con el MIR. "Entonces la actividad político-partidaria ha retornado al Tribunal Constitucional", añadió. Germán Gutiérrez acusó a los tribunos de tener militancia en los partidos interesados en no juzgar a Gonzalo Sánchez de Lozada: “Don José Antonio Rivera está vinculado al MBL y al MNR, fue designado por Carlos Sánchez Berzaín; Martha Rojas, por la NFR; Isabel Íñiguez, por el MNR, su hijo ocupó altos cargos en Correos de Bolivia por el MNR; Willmar Durán, con el MIR”. El 11 de mayo del 2004 el diputado Roberto Fernández (NFR) aseguró: “hemos cooperado, hemos impulsado la designación, por ejemplo, de la doctora Martha Rojas (...). Yo personalmente, cuando estaba como jefe de bancada, he intervenido y no me pueden negar en este tema”, aseguró)Casi en la misma línea, el senador Hugo Carvajal (MIR) afirmó que su partido sugirió el nombre de Willmar Durán para que acceda al Tribunal Constitucional. Durán, en la elección para el Tribunal Constitucional, recibió el voto parlamentario del partido de Jaime Paz Zamora. Hoy ese profesional es presidente del órgano. El diputado por el MIR, Hugo Carvajal Donoso dijo que “nosotros, en su momento sugerimos el nombre de don Willmar Durán, pero eso no significa que sea militante (del MIR). Nosotros lo sugerimos porque consideramos que es uno de los constitucionalistas, en mi criterio, más brillantes que tiene el país”, sostuvo Carvajal.Tanto Roberto Fernández como Jorge Alvarado —este último diputado del MAS— coincidieron en que el tribuno José Antonio Rivera fue recomendado por el MBL.Sin embargo, el diputado Johnny Antezana (NFR) calificó como “una locura” la declaración de su colega Fernández y aseguró que nunca sucedió tal cosa y que tampoco hubo cuoteo.El senador Franz Barrios (MBL) dijo que Rivera fue del MBL, pero cuando se postuló para el Tribunal Constitucional renunció a su militancia y su partido nunca lo apoyó, ni sugirió su nombre.

coherencia historica

INFORME ESPECIAL

Historia
12 de mayo de 2004La decisión del Tribunal Constitucional, conocida el viernes 7 de mayo, ocasionó que los militares reaccionen con actitudes de desafío a la autoridad del entonces presidente de la República, Carlos Mesa, en su condición de Capitán General de las FFAA. Las causas de esta reacción fueron discutidas por todos los comandantes de las grandes y pequeñas unidades, reunidos de emergencia en La Paz el lunes 10. Trascendió que días antes de la sentencia, el Comando en Jefe de las FFAA y el Estado Mayor estaban seguros de que la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional no iba a cuestionar la actuación de ningún militar por “febrero negro”. En la reunión de los comandantes, del lunes, se dijo que el jefe de NFR, el ex capitán de Ejército Manfred Reyes Villa, se había comprometido interceder ante el Tribunal por los militares procesados. NFR no negó que en la elección de los tribunos había sugerido el nombre de la abogada Martha Rojas. Ella hizo de relatora en la sentencia constitucional. En el encuentro militar se dijo también que un dirigente del MIR, que no es parlamentario, con el mismo propósito que NFR, habló con el tribuno Willmar Durán. Durán, en la elección para el Tribunal Constitucional, recibió el voto parlamentario del partido de Jaime Paz Zamora. El dirigente Hugo Carvajal negó que algún miembro del MIR hubiera conversado con los tribunos. Los militares mencionaron también los nombres de los magistrados José Antonio Rivera y René Baldivieso. Del primero dijeron que tenía militancia política en el MBL y del segundo en el MNR. El presidente del MBL, Franz Barrios, admitió que fue militante emebelista, pero aclaró que dejó de serlo.Dos diputados, del MIR y NFR, admitieron que sus partidos apoyaron la designación de dos magistrados para el Tribunal Constitucional.Según el diputado Roberto Fernández (NFR), su partido apoyó a Martha Rojas Álvarez para que sea designada como magistrada de ese alto tribunal, de manera que la jurista llegó a ese cargo con apoyo eneferista.“Hemos cooperado, hemos impulsado la designación, por ejemplo, de la doctora Martha Rojas (...). Yo personalmente, cuando estaba como jefe de bancada, he intervenido y no me pueden negar en este tema”, aseguró Fernández.Casi en la misma línea, el senador Hugo Carvajal (MIR) afirmó que su partido sugirió el nombre de Willmar Durán para que acceda al Tribunal Constitucional. Hoy ese profesional es presidente del órgano. Sin embargo, el parlamentario manifestó que no hubo cuoteo en la designación de los tribunos.14 de septiembre de 2004El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley 2683 que ampliaba indefinidamente el plazo para la tramitación de los juicios penales iniciados bajo el régimen del antiguo Código de Procedimiento Penal. El fallo abrió un abanico de posibilidades para que cientos de personas opten por pedir la extinción de sus juicios.16 de septiembre de 2004La Corte Suprema de Justicia y los presidentes de las Cortes Superiores de los nueve distritos del país emitieron anoche un pronunciamiento público, mediante el cual cuestionan el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la Ley 2683. El pronunciamiento añade que los magistrados del Tribunal Constitucional se arrogaron facultades de "legislador positivo", usurpando una tarea reservada —por mandato legal— para el Poder Legislativo.10 de noviembre de 2004El Tribunal declaró la inconstitucionalidad del D.S. 27650 de 30 de julio de 2004, referido a la designación interina de ministros para la Corte Suprema, consejeros para el Consejo de la Judicatura y nueve Fiscales de Distrito. GobiernoEl fallo del Tribunal pone en riesgo juicio a Sánchez de Lozada. El Gobierno calificó de "político" al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró ilegal la designación que hizo el presidente Carlos Mesa en el Poder Judicial, al considerar que el dictamen pone en riesgo la continuidad del juicio contra el ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. No obstante, el Ejecutivo anunció que respetará la determinación que hizo el Tribunal Constitucional, al tiempo que el presidente Mesa enviará cartas de agradecimiento a los fiscales, magistrados y consejeros designados por su autoridad en julio pasado. "Se les enviará una nota personal por su patriotismo y desprendimiento", informó el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón. El consejero de la Judicatura, Germán Gutiérrez fue el que con mayor dureza reaccionó contra los tribunos. “El fallo tiene un conjunto de vergonzantes imprecisiones que nos demuestran que el Tribunal Constitucional ha operado más políticamente que jurídicamente; este fallo va a tener efectos perversos contra la democracia”, dijo. Añadió que una mayoría de los tribunos “deben una factura política” que la pagarán evitando el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada. Responsabilizó también a los miembros del Tribunal Constitucional por el “desmoronamiento” del Ministerio Público y del Poder Judicial. Deplorable actuación del Tribunal12 de noviembre de 2004El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, señaló que el Tribunal Constitucional, desde hace tiempo y en varios episodios, se ha excedido en sus atribuciones como órgano contralor de la constitucionalidad, hasta llegar a extremos de crear normas y asumir el papel de legisladores. Manifestó que con su última actuación —respecto de la presunta inconstitucionalidad de los interinatos— ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica, porque no puede entenderse cómo es que pudo invalidar la capacidad de los magistrados, fiscales y consejeros, nombrados por el Presidente de la República, y al mismo tiempo habilitarlos en un “efecto diferido” por 60 días. Rodríguez, que también es presidente del Consejo de la Judicatura, acusó a los tribunos de ocasionar el “aborto” de los planes y programas institucionales que llevaban adelante los consejeros interinos, de las designaciones de los vocales de las cortes de Distrito y del trabajo equilibrado que se llevaba en las salas especiales de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Rodríguez dijo que deplora la decisión del Tribunal porque va en desmedro de los usuarios del sistema judicial. Aclaró que todas las sentencias, resoluciones y actos administrativos de la Corte Suprema son válidos y gozan de presunción de constitucionalidad. Demandó al Congreso la pronta designación de las autoridades judiciales titulares y discutir las iniciativas legislativas presentadas por la Suprema. Tribunos tienen militancia políticaGermán Gutiérrez acusó a los tribunos de tener militancia en los partidos interesados en no juzgar a Gonzalo Sánchez de Lozada: “Don José Antonio Rivera está vinculado al MBL y al MNR, fue designado por Carlos Sánchez Berzaín; Martha Rojas, por la NFR; Isabel Iñiguez, por el MNR, su hijo ocupó altos cargos en Correos de Bolivia por el MNR; Willmar Durán, con el MIR”.

Historia y algunas sentencias

El Tribunal, magistrados y sentencias son expuestos por la historia
17 de julio de 1997La Corte Suprema de Justicia celebró su 170 aniversario, denunciando que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional son imposiciones políticas destinadas a controlar los tres poderes del Estado, y la existencia de una sistemática campaña de desprestigio contra el Poder Judicial. En el discurso de homenaje, el ministro representante de La Paz, Freddy Reynolds Eguía, sostuvo que el solo hecho de que el Tribunal Constitucional tenga cinco componentes y elijan un presidente diferente al de la Corte Suprema, reitera la convicción de que "este Tribunal se erigirá como un nuevo cuarto poder paralelo y dual no contemplado en la Constitución Política del Estado". 1 de junio de 1999El Tribunal Constitucional inicia sus funciones. Los miembros del Tribunal Constitucional de Bolivia fueron nombrados por el Congreso el 24 de julio de 1998 y posesionados en la Casa de la Libertad de Sucre, el 5 de agosto del mismo año. Está constituido por los magistrados titulares Pablo Dermizaky Peredo (presidente), Hugo de la Rocha Navarro (decano), René Baldiviezo Guzmán (portavoz), Willmar Durán Ribera y Elizabeth Iñiguez de Salinas. La última, que se desempeñó como magistrada suplente durante varios meses, ocupa el puesto del ex magistrado Pastor Ortíz Mattos quien renunció por razones de salud a los pocos días de su posesión. Posteriormente Pablo Dermizaky quien renunció al cargo fue reemplazado por Hugo de la Rocha Navarro como como presidente del TC. 18 de abril de 2002El magistrado René Baldivieso será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, reemplazando a Hugo de la Rocha, quien falleciera víctima de un infarto.4 de octubre de 2003El pleno del Congreso eligió a Iván Zegada como nuevo Defensor del Pueblo con una votación de 99 votos a favor de los 141 legisladores presentes. Luego de elegir al nuevo Defensor del Pueblo, los oficialistas prosiguieron el acto de escrutinio para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que recayó en Antonio Rivera (108 votos) y Martha Rojas (105 votos).5 de octubre de 2003Varias organizaciones de la sociedad civil rechazaron el cuoteo político que primó para la designación del Defensor del Pueblo y de cinco magistrados del Tribunal Constitucional: Antonio Rivera, Martha Rojas Alvarez, Artemio Arias, Wálter Raña y Silvia Salame Farjat. 8 de octubre de 2003El oficialismo admitió que Silvia Salame, elegida magistrada del Tribunal Constitucional, puede ser investigada y eventualmente destituida después de un informe de la Comisión de Constitución, y salió en defensa de la magistrada designada Martha Rojas, esposa de un militante de NFR.El jefe de bancada del MNR, Óscar Sandóval, dijo que si se comprueba que Salame tiene impedimentos legales para desempeñar el cargo de magistrada del Tribunal Constitucional, el Congreso podrá cesarla mediante el procedimiento legal.El político recordó que ninguno de los electos magistrados del Tribunal Constitucional han sido posesionados, por lo que señaló que es perfectamente posible revisar la designación de Salame por dos tercios de voto.Sobre Rojas, Sandóval preguntó: “¿desde cuándo es delito ser esposa de un eneferista o de un masista?”, mientras que el jefe de bancada de NFR, Johnny Antezana, negó que Rojas sea eneferista, pero admitió que Jaime Rocabado, esposo de Rojas, sí es miembro de su partido.5 de diciembre de 2003El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad del D.S. 24806 de 4 de agosto de 1997 referido a los modelos de contratos de riesgo compartido entre el Estado y las empresas petroleras. Este año, 2005, la resolución destapó una serie de aseveraciones que, a su vez, propiciaron el inicio de un juicio de responsabilidades contra varios ex dignatarios y los representantes de las petroleras. La sentencia constitucional, con relación al inciso 5º, dice que en la Ley de Capitalización, de 21 de marzo de 1994, el Poder Legislativo otorgó al Ejecutivo una “autorización implícita” para suscribir contratos entre el Estado y las transnacionales. El razonamiento es absurdo, ya que ningún poder del Estado, y menos el Legislativo, puede delegar sus funciones a otro poder. Así lo establecen los artículos 30, 69 y 115 de la Carta Magna. La “autorización implícita” implicaría aprobar contratos “a futuro”, es decir aún inexistentes. Con relación al inciso 7º, el Tribunal Constitucional admite “la posibilidad de que empresas privadas puedan ser propietarias de los hidrocarburos una vez extraídos del suelo...”. El tribuno Rolando Roca Aguilera no suscribió la sentencia constitucional en desacuerdo con la misma. Votaron a favor de las petroleras los magistrados René Baldivieso Guzmán, Elizabeth Iñiguez de Salinas, Artemio Arias Romano y Martha Rojas Alvarez. 11 de febrero de 2004El Tribunal Constitucional anunció la admisión de un recurso de nulidad a la actuación del Fiscal General de la República, Oscar Crespo, en el caso del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada.Esta medida dilatoria, conocida en el ambiente legal como "chicana", fue anunciada un día antes de que el Congreso se apreste a considerar los pedidos de juicio de responsabilidades en contra del ex presidente.El recurso fue presentado por José Guillermo Justiniano, uno de los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada para quien se había pedido proceso.Justiniano presentó un recurso de indivisibilidad al requerimiento que hizo el Fiscal, es decir pide que se procese a dirigentes sindicales de la misma manera como a ex autoridades gubernamentales.La decisión del Tribunal Constitucional obliga a que el Fiscal General envíe a esa instancia judicial los antecedentes originales del juicio.La acción fue calificada por el diputado del Movimiento Al Socialismo, Antonio Peredo, como una maniobra dilatoria del proceso.Al respecto el Coordinador Ejecutivo de la Reforma Judicial, Germán Gutiérrez dijo que la manera en cómo los miembros del Tribunal Constitucional están manejando el juicio puede generar dificultades en el proceso y propiciar un escenario de impunidad.16 de abril de 2004El magistrado Willmar Durán Rivera es posesionado como nuevo presidente del Tribunal Constitucional.7 de mayo de 2004El Tribunal Constitucional aprobó un fallo en el que somete a la justicia ordinaria a cuatro militares acusados de presunto homicidio a una enfermera y al portero de un edificio muertos en febrero del año pasado durante una protesta social. Los cuatro uniformados habían sido exonerados por la justicia militar, por lo que el fallo del Tribunal desató malestar en el Alto Mando castrense que ordenó el acuartelamiento de sus efectivos y visitó al entonces presidente Carlos Mesa en uniforme de campaña, para hacerle conocer su protesta.

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INFORME ESPECIAL

¿Quién tiene el control de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional?
Andrés Soliz Rada Si se tiene el control de tres de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia, se controla a Bolivia. Y Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gobierno del prófugo ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), tiene el mencionado control. El TC, introducido en la Constitución Política del Estado (CPE), en 1995, durante el primer gobierno del prófugo, fue concebido como órgano de control de la constitucionalidad de leyes y decretos. Sin embargo, hoy resuelve conflictos, de manera inapelable, entre poderes del Estado, recursos directos de nulidad y de amparo constitucional, determina la validez de convenios internacionales y las opiniones que emite son obligatorias.El jurisconsulto Víctor Hugo Escobar Herbas, en su acucioso libro "Justicia Ordinaria Versus Justicia Constitucional", editado en junio de 2004, advierte que el TC, por la vía de los recursos de nulidad y de amparo constitucional, ha supeditado a la Corte Suprema de Justicia, ha fracturado los principios de unidad jurisdiccional y de jerarquía y se ha convertido en súper poder incontrolable. Añade que "adopta decisiones que sólo compete a los jueces ordinarios y ha creado un clima de inseguridad jurídica por superposición de competencias".Las designaciones cuestionadasEl consejero de la Judicatura, Germán Gutiérrez, ha denunciado a Martha Rojas, Martha Iñiguez y José Antonio Rivera de haber sido designados miembros del TC por influencia directa de Sánchez Berzaín. Rivera respondió que Gutiérrez es parte de la cuota "gonista" en el Poder Judicial. Lo cierto es que el bufete de Sánchez Berzaín, quien fue abogado de GSL antes de ser su ministro, es, de lejos, el más influyente del país. Su poderío fue revelado por el periódico "La Razón", del 20-X-95, al recordar que en años precedentes fue abogado de narcotraficantes y en especial de Luis Dorado Erland (Barbas chocas), encarcelado por el caso de un avión capturado en Lima, Perú, que había despegado del aeropuerto de la ciudad de La Paz, portando una tonelada de cocaína.Al producirse el escándalo (15-IX-95), Sánchez Berzaín era ministro de Gobierno, en tanto su secretaria era amiga íntima de Dorado Erland. La embajada de EEUU se hizo la distraída, debido a que el íntimo colaborador de GSL había logrado que el Parlamento, de aplastante mayoría oficialista, había defenestrado, con la cooperación del agente de la CIA, el nicaragüense Antonio Ibarra, y del cónsul norteamericano, Willy Scarborough, al presidente de la Corte de Justicia, Edgar Oblitas, quien sostenía que las políticas neoliberales del "gonisno" eran contrarias a la Carta Magna. La hoy magistrada del TC, Martha Rojas, entonces fiscal de narcóticos, participó en el operativo.El 5-XII-03, el TC declaró constitucional al Decreto Supremo, 24806, de 4-8-97 (gobierno de GSL), por uno de cuyos anexos, que permaneció oculto al Parlamento y la ciudadanía, se entregó a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Si bien el ex presidente Carlos Mesa abrogó el decreto, tal abrogación, al no tener carácter retroactivo, permitió que las petroleras continúen apropiándose del gas y del petróleo de Bolivia durante la vigencia de los contratos suscritos por el país. Vale decir por las próximas cuatro décadas.El 10 de noviembre de 2004, el TC anuló las designaciones provisionales de magistrados y fiscales dispuestas por el Presidente de la República, en atención a que esos cargos estaban vacantes desde hace varios años. Con esta decisión, el TC logró entorpecer el juicio de responsabilidades contra GSL, Sánchez Berzaín y otros sindicados por genocidio, violaciones a los derechos humanos y daños económicos al Estado. No es casual que el MNR, el partido de estos personajes, anunciara que se opondrá a cambios en el TC "por ser una de las mayores conquistas de la democracia".




El Tribunal Constitucional y el debilitamiento de la Corte Suprema de Justicia
Desde el 13 de junio de 1994, el Poder Judicial ha sido literalmente asaltado por los partidos neoliberales, los que se coaligaron para destituir, en el denominado "juicio de la ignominia", al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, quien no hubiera tolerado que la Carta Magna sea reducida a papel mojado por once de los doce artículos de la Ley de Capitalización, por la Ley de Hidrocarburos de 1996 o por el siniestro decreto 24806 de 4-8-97, que transfiere a las transnacionales la propiedad del gas y del petróleo en boca de pozo.Al parecer, resulta necesario recordar, una vez más, que la destitución de Oblitas fue ejecutada con el concurso del agente de la CIA, el nicaragüense Antonio José María Ibarra Rojas Ocampo, del cónsul norteamericano en Cochabamba, Willy Scarborough, del ex ministro de la Presidencia durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, y de la entonces fiscal de narcóticos Martha Rojas. El operativo que pretendía involucrar a Oblitas en un supuesto prevaricato fue perpetrado en el domicilio de Sánchez Berzaín. Martha Rojas fue designada magistrada del Tribunal Constitucional una semana antes del derrocamiento de GSL, en otra vergonzosa sesión de cuoteos políticos, junto a otro abogado bendecido por el "gonismo", José Antonio Rivera Santiváñez, y el Defensor del Pueblo Iván Zegada. Iván Zegada fue obligado a renunciar como repudio a la distribución de cargos entre los partidos sistémicos, pero ¿por qué no ocurrió lo mismo con las personas nombradas en la misma sesión congresal? En este punto, la conducta del Movimiento Al Socialismo (MAS) es desconcertante. Por un lado, aseguró que conseguiría la condena de GSL y, por otra, no desplegó la enérgica campaña que se necesita para cambiar al Poder Judicial.

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INFORME ESPECIAL

¿Qué es el Tribunal Constitucional, cómo está compuesto y cuáles son sus atribuciones?
El Tribunal Constitucional es el órgano del Poder Judicial responsable de ejercer el control de la constitucionalidad y garantizar la primacía de la Constitución, el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, y la constitucionalidad de las convenciones y tratados. Su sede está en Sucre y funciona desde junio de 1999.El Tribunal está integrado por cinco magistrados que conforman una sala y son designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes, por un período de diez años improrrogables y pueden ser reelectos pasado un tiempo igual al de su mandato. El magistrado más antiguo es el Decano del Tribunal.Según el artículo 120 de la Constitución Política del Estado, artículo 120, y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 1836) el Tribunal tiene las siguientes atribuciones para conocer y resolver:En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto y remedial, sólo podrán imponerla el Presidente de la República o cualquier senador o diputado, el Fiscal General de la República o el Defensor del Pueblo.Los conflictos y competencias y contravenciones entre los poderes públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios.Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones de cámaras, prefecturas y municipios.Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus cámaras, cuando tales resoluciones afecten a uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas.Absolver las consultas del Presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto. La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta.La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u organismos internacionales; yLas demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución Política del Estado.Designación de magistradosLos miembros del Tribunal Constitucional son designados por tres cuartos de votos emitidos en el Congreso Nacional.Son tres los parámetros para una adecuada calificación de méritos y antecedentes: El primero es el conocimiento y la idoneidad de los postulantes, por ser una materia especializada. No cualquier abogado puede ser miembro de esa institución. El segundo parámetro es tener una trayectoria en la vida profesional y pública de defensa de los derechos constitucionales, porque el Tribunal Constitucional no sólo va a decretar o señalar la primacía de la Constitución, sino también garantizará los recursos de Hábeas Corpus y el Amparo Constitucional. El tercer parámetro es la idoneidad personal y una moral intachable de cada uno de los miembros del Tribunal, además de no tener militancia partidaria.




Atribuciones y competencias
El Artículo 120 de la Constitución Política del Estado señala:"Artículo 120º.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional conocer y resolver:1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto y remedial, sólo podrán interponerla el Presidente de la República, o cualquier senador o diputado, el Fiscal General de la República o el Defensor del Pueblo. 2. Los conflictos de competencia y controversias entre los poderes públicos, la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios. 3. Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales, prefecturales y municipales; 4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto por esta Constitución; 5. Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus cámaras, cuando tales resoluciones afecten a uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas; 6. Los recursos directos de nulidad interpuestos en resguardo del artículo 31 de esta Constitución. 7. La revisión de los recursos de amparo constitucional y "hábeas corpus". 8. Absolver las consultas del Presidente de la República, el presidente del Honorable Congreso Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto. La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta: 9. La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u organismos internacionales. 10. Las demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución".

ANTECEDENTES

La polémica sentencia constitucional 0066/2005
Jorge Delgado Saravia22 de septiembre de 2005: el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia emite la Resolución 0066/2005 contenido en dos artículos en la que declara la inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Electoral, con los efectos derogatorios establecidos en el art. 58.III de la Ley del Tribunal Constitucional. En el segundo artículo el TC insta “al Poder Legislativo, que con carácter de urgencia sancione la Ley modificatoria al art. 88 de la Ley Electoral, ajustado a lo previsto por el art. 60.VI de la CPE”. Esa sentencia, una de las más polémicas emitidas por por el TC ha ocasionado una suerte de convulsión política al obligar a una redistribución de los escaños congresales en disputa para las elecciones generales fijadas para el 4 de diciembre próximo. Los partidos en carrera electoral, los candidatos, las bancadas parlamentarias, los dirigentes cívicos regionales y otras instituciones de los departamentos afectados por la sentencia (Santa Cruz que gana cuatro diputados más y Cochabamba que gana dos, mientras que que La Paz pierde dos, Potosí tres y Oruro uno) han iniciado una enfrentamiento encarnizado en defensa de sus intereses.Argumentos del TribunalEsa polémica sentencia ha recibido distintos cuestionamientos. Nadie duda del carácter justo de la determinación, toda vez que según explica el magistrado Dr. José Antonio Rivera Santivañez, vocero oficial del Tribunal Constitucional, “el artículo 60.VI de la Constitución determina expresamente que los escaños correspondientes a la Cámara de Diputados deben distribuirse en función al número de habitantes de cada Departamento; además previendo que para aquellos Departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico se asigne un número básico de escaños por razón de equidad.Lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional es declarar que esa distribución que está definida por el artículo 88 de la Ley Electoral es inconstitucional porque no responde ya al número de habitantes que tiene cada Departamento conforme a los resultados del Censo de 2001”.Sin embargo existe una opinión generalizada en los especialistas en el tema Constitucional en el sentido de que el Tribunal Constitucional habría usurpado atribuciones que competían al Congreso Nacional y a la Corte Nacional Electoral, ya que son esas las instancias en las que el tema de la distribución de escaños debía ser resuelto antes de la convocatoria a elecciones generales que según la Ley Electoral.El constitucionalista José Ivankovic sostiene que “ el artículo 88 que es acusado de inconstitucionalidad que distribuye los escaños de los diputados se hace en 1996, es posterior a las reformas de la Constitución, por lo tanto no es un caso de inconstitucionalidad sobreviniente.Se hace un censo el año 2001, pero es un acto administrativo no legislativo, por lo tanto no puede un censo colocar en inconstitucionalidad una ley. Ese parágrafo de la CPE en su artículo 60 es imperativo porque obliga al órgano de Poder Legislativo que haga la redistribución de escaños de acuerdo al censo último, por lo tanto el Poder Legislativo no se puede sustraer al cumplimiento; sin embargo en éste caso lo hizo, tenía que hacer la redistribución antes de convocar a las elecciones, hay negligencia del órgano legislativo por lo tanto hay una omisión legislativa que hace inconstitucional el artículo 88”.Usurpación de funcionesPor su parte el también constitucionalista Rodney Torrico asegura que “el Tribunal no tiene injerencia alguna en materia electoral. lo que pasa es que la Corte Nacional Electoral y el Congreso han pecado de omisión, han cometido un delito que puede estar tipificado en la Ley Electoral como un delito de omisión.La Corte Nacional Electoral tiene la competencia máxima a nivel electoral a nivel nacional, entonces, la reasignación de las diputaciones es un carácter electoral, entonces, la Corte Electoral, por no cargar el muertito ha preferido echarlo al Congreso, y como al Congreso no le convenía eventualmente proceder a la reasignación ha obviado tratar este tema.Y el Tribunal Constitucional ha usurpado jurisdicción y competencia”. “ La CPE, en su artículo 120 numeral 1 señala que son atribuciones del Tribunal conocer y resolver los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier resoluciones no judiciales. Claramente se determina que habla de leyes que son actos y no de omisiones legislativas”, acota Ivankovic y añade que El Tribunal Constitucional tomó una competencia que no le corresponde de acuerdo a la CPE. Actuó así porque en su fallo sostiene que por esa omisión legislativa hay una inconstitucionalidad sobreviniente, ellos no admiten que se trata de un tema exclusivamente de omisión, pese a que lo reconocen en su fallo. Sin embargo, los magistrados dicen que esa omisión legislativa derivó en una inconstitucionalidad sobreviniente lo que les abrió la competencia para decidir en el asunto.Es claro que no es así, una cosa es la inconstitucionalidad sobreviniente y otra la que se da por omisión”.
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INFORME ESPECIAL

Mirar al pasado para comprender el presente
Mirar hacia el pasado para comprender el presenteMás allá del debate desatado por la mencionada sentencia constitucional, es de vital importancia comprender los hechos en su perspectiva histórica ya que sólo de esa manera se puede tener una visión clara del rol político y social que juegan los protagonistas de este segmento de la historia nacional, es decir el Tribunal Constitucional y sus magistrados.La avalancha informativa que ha desatado la sentencia constitucional 0066/2005, por el carácter actual y coyuntural de las noticias impide ver la lógica que enmarca los actos del Tribunal Constitucional, esa instancia judicial que inició funciones el 1 de junio de 1999 y que desde antes de su nacimiento ya generaba polémica, tal como manifestaba el 17 de julio de 1999 el ministro representante de La Paz, Freddy Reynolds Eguía, al sostener que “el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional destrozan la unidad del Poder Judicial, además de ser contradictorios a la Carta Magna que sustenta la co-existencia equilibrada de los tres poderes del Estado. En la práctica, dijo Reynolds, "se está rompiendo la unicidad del Poder Judicial, creando un nuevo poder, el poder del Tribunal Constitucional a la par de los otros tres poderes" del Estado. Recalcó que el sólo hecho de que el Tribunal Constitucional tenga cinco componentes y elijan un Presidente diferente al de la Corte Suprema, reitera la convicción de que "este Tribunal se erigirá como un nuevo cuarto poder paralelo y dual”Los actuales magistrados del TC fueron designados el 8 de octubre del 2003, en plena Guerra del Gas, por dos tercios de votos del Congreso con una mayoría de parlamentarios alineados en la coalición política que sostenía al gobierno del depuesto ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En aquella misma sesión congresal Iván Zegada fue designado como Defensor del Pueblo y obligado renunciar días después ante una gran presión social que también pedía la renuncia de los magistrados por supuestas vinculaciones políticas con partidos de la coalición gobernante. Ellos no renunciaron.Los párrafos precedentes, a modo de introducción sirven para aclarar que el contenido de las notas publicadas en este Informe Especial, no revelan nada que no haya sido registrado antes en distintos medios de comunicación o en documentos institucionales públicos, a lo largo de los últimos años. El registro hemerográfico y documental es una de las fuentes más ricas de la investigación periodística cuando se trata de enfocar la coyuntura desde una perspectiva histórica.Jorge Delgado Saravia es periodista.



Antecedentes
El Tribunal Constitucional es producto de la cumbre política del año 92, en la que los partidos políticos tradicionales acordaron reformar la Constitución Política del Estado y encarar en profundidad las reformas institucionales con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo como factores preponderantes de la reforma. El Tribunal Constitucional ha concentrado el sumun de las atribuciones jurisdiccionales, inclusive por encima de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo; se le atribuye el ser “Guardián de la Constitución”.Hasta 1994 Bolivia no tenía un órgano jurisdiccional en materia constitucional; el 12 de agosto de ese año se promulgó la Constitución reformada y en ella se incorporó al Tribunal Constitucional como parte del Poder Judicial. Así lo establece expresamente el art. 116.I de la Constitución: "El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados que establece la Ley...". Más adelante, el parágrafo IV de este precepto dice: "El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional".El Tribunal Constitucional creado Ley No. 1836 promulgada el 1 de abril de 1998, ha significado dar un giro trascendental en la administración de justicia en Bolivia porque -según se ha visto- ahora se ejerce el control de constitucionalidad a través de un órgano especializado para cumplir finalidades y otras inherentes a su naturaleza y funciones. Por otra parte, resulta oportuno indicar que hasta 1994 era la Corte Suprema de Justicia, desde los primeros años de la República, la que ejercía el control de constitucionalidad.La idea de crear el Tribunal Constitucional resultó polémica. Instituciones cívicas, políticas, forenses, académicas y otras representativas de la opinión pública recibieron con algún escepticismo la iniciativa. Inclusive órganos jerárquicos del Poder Judicial sumaron su disidencia y protesta por la creación del Tribunal Constitucional.Sin embargo pudo más el afán renovador, de manera que el 12 de agosto de 1994 se promulga la Constitución reformada en la que se incorpora al Tribunal Constitucional, juntamente con otras dos instituciones: el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. Cada una de ellas cuenta ahora con su propia ley reguladora de funcionamiento. No cabe duda que este tríptico: Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Defensor del Pueblo, puede considerarse como un hito fundamental en la tarea de reformas constitucionales en Bolivia.Como antecedente destacable, señalamos también que el Tribunal Constitucional fue conformado recién el 5 de agosto de 1998 para que luego de su "vacatio legis" de casi un año, inicie sus labores jurisdiccionales desde el 1 de junio de 1999.